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Agua y acceso a información socialmente útil en México

Mobilizando la información y promoviendo la participación ciudadana en la gestión de los recursos hídricos

Acceso a información: el mejor marco legal pero una realidad compleja

En México el acceso a la información pública es un derecho humano reconocido en la Constitución. A más de una década de la primera Ley Federal y tras numerosas reformas, nuestro marco legal ha sido catalogado como el mejor del mundo, de acuerdo con el Global Right to Information Rating, elaborado por el Centre for Law and Democracy. Efectivamente los mexicanos contamos con un excelente marco legal que se construyó con la participación de diversos actores sociales, principalmente organizaciones civiles con amplia experiencia en el uso de información pública para monitorear el desempeño gubernamental.

En este marco el agua no ha sido la excepción y actualmente se dispone de muy amplios volúmenes de información que generan diversos actores además del gobierno, como académicos y otros especialistas, organizaciones civiles, fundaciones y empresas. En lo correspondiente a la información gubernamental, la variedad de información disponible es notable: desde la situación de los recursos hídricos, la calidad, infraestructura, usos, concesiones, municipios en riesgo de sequía, hasta datos abiertos sobre el número de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y el volumen tratado, entre mucha otra información. Buenas noticias ¿no les parece?

Aunque… en ocasiones hemos encontrado que la información gubernamental disponible públicamente presenta algunas fallas. Por ejemplo, a veces no está actualizada o no se corresponde con lo que encontramos al hacer una observación directa, como en el caso del Inventario Nacional de Plantas de Tratamiento, donde la organización civil ControlaTuGobierno encontró que se reporta como operativa infraestructura que no funciona o que no trata ni la décima parte del volumen reportado.

Asimismo, la abundancia de información no siempre se traduce en conocimiento público útil, es decir que pueda aprovechar la población para saber qué debe hacer en casos de emergencia o desastres naturales, o que sirva para tomar mejores decisiones en la compra de bienes y servicios. A saber, datos que pueda usar para resolver sus asuntos cotidianos, mejorar su calidad de vida y reducir la corrupción.

 

El rol de la sociedad civil:
de lo local a lo nacional y viceversa

Se requiere un intermediario para que la información, como el agua, llegue a quien más la necesita, y ese es justamente el papel que desempeñan las organizaciones civiles. Son ellas las que traducen la información gubernamental en información socialmente útil y la ponen al alcance de la población en desventaja. La buena noticia es que en México hay muchas organizaciones que saben cómo encontrar la información que la gente requiere, tienen la capacidad de procesarla y la colocan al alcance de la población.

Quienes integramos ControlaTuGobierno hemos trabajado en la zona de los volcanes desde 2005 con las organizaciones que tienen arraigo en la región, como Centli y los Guardianes de los Volcanes, y con la Comisión de Cuenca de los Ríos Amecameca y de la Compañía, para asesorarles sobre el uso de la información pública y su potencial para conservar los recursos hídricos de las comunidades.

Un ejemplo que aglutina a varias organizaciones de diversos estados del país es el movimiento Agua para todos, que  involucra a organizaciones vecinales y comunitarias, centros de investigación y académicos, pequeños empresarios y otros muchos sectores a lo largo del país, todos interesados en conservar los recursos hídricos y asegurar su sustentabilidad para las actuales y futuras generaciones.

La capacidad de las organizaciones civiles mexicanas para utilizar los datos abiertos en beneficio de la población, ha propiciado que hoy se disponga de diversas herramientas y aplicaciones en línea que facilitan la interacción entre la ciudadanía y el gobierno. Por ejemplo en Oaxaca, uno de los estados más pobres y con más problemas de abasto de agua, las organizaciones civiles aliadas con el gobierno estatal han desarrollado una página web para reportar fallas en el suministro y otros problemas de abasto y drenaje, con el compromiso de que serían atendidos de inmediato.  Otro ejemplo es el portal Nuestra Agua, donde a partir de un mapa es posible localizar fuentes de agua, infraestructura, organizaciones y una infinidad de información geo-referenciada sobre el agua. Este proyecto, diseñado y gestionado por la sociedad civil se basa en datos abiertos de instituciones públicas y privadas, y ofrece información socialmente útil, que es la que necesita la gente común para tomar decisiones, participar y lo más importante: hacer un uso sustentable del agua en México.

A nivel nacional, las organizaciones civiles mexicanas tambien trabajan en el tema del agua. Por ejemplo a nivel legislativo, han elaborado una propuesta de Ley General de Aguas mediante la realización de una serie de foros, talleres, eventos y consultas con los más diversos sectores en 29 estados del país. Actualmente, el plazo para emitir esta Ley ha vencido, pero las propuestas se siguen discutiendo en el Congreso. Paralelamente, es importante destacar la participación de las organizaciones civiles en la elaboración del Tercer Plan Nacional de Gobierno Abierto de México 2016-2018 donde se logró incluir un compromiso sobre el agua potable de la mayor relevancia para la conservación de este recurso.

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Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Cocotitlán”, que no opera

© C. Fernandez Fernandez

 

La importancia de consultar a la población

Hoy por hoy en México es una realidad innegable la gran cantidad de información que está disponible públicamente; especialmente con la entrada en vigor de la Ley General que claramente señala las características de la información que las entidades públicas deberán poner a disposición del público en sus portales electrónicos [1]. Más aún: uno de los objetivos de la ley es “propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a la consolidación de la democracia”[2], lo que en muchos casos, sin embargo, no se está llevando a la práctica.

Por ejemplo, el caso real de un campesino de Huitzilzingo, en el Estado de México. Este señor un día cualquiera amaneció con la noticia de que en un terreno de su propiedad se planea la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Nadie le ha consultado ni le ha informado al respecto, sus vecinos le avisaron que hay máquinas en su terreno y personas midiendo y haciendo cálculos sobre la parcela – lo que por cierto arruinó su cosecha. La información, paradójicamente es pública: cualquiera con acceso a internet y una computadora puede encontrar, en el portal de transparencia de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y su contraparte estatal la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), la licitación de la construcción de la planta, la empresa ganadora, el recurso público asignado y la fecha en que se debe concluir la obra. Ni el campesino, ni sus colegas de los terrenos vecinos que podrían beneficiarse del agua tratada, ni siquiera la autoridad municipal, saben nada al respecto. Todo ello pese al mandato constitucional y la existencia de numerosas leyes que obligan al gobierno a consultar a la población antes de planear y construir una obra de infraestructura.

El estudio que realizó ControlaTuGobierno sobre las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y los informes de la Auditoría Superior de la Federación, mostró la importancia de consultar a la población antes de planear y construir una de estas obras de infraestructura. Las ventajas que se derivan son múltiples. La primera de todas es que la planta de tratamiento se construiría de acuerdo con los recursos que están disponibles en la zona, por ejemplo cerca de una fuente de electricidad. Si además a planta responde a una necesidad social, la comunidad no la sentirá como una imposición y será más fácil que la considere un bien público, es decir que les pertenece y les beneficia. En consecuencia, es altamente probable que se interesen por cuidarla y darle mantenimiento. La información en este caso no sólo desalienta la corrupción, sino que es la vía más eficiente para preservar el interés público y sus bienes asociados.

¿Qué pasa con la gente cuando no participa ni tiene información? El escenario actual es variopinto: en unas regiones los vecindarios se inundan y las personas observan cómo en un par de horas el agua destruye su patrimonio, en otras zonas se riegan las hortalizas con aguas de drenaje por falta de agua potable, por las tuberías de muchos conjuntos habitacionales de las grandes ciudades casi nunca fluye agua… Asimismo, si usted vive en un caserío rural, tendrá mucho cuidado de tomar agua del pozo porque no es raro que esté envenenado por los derrames de alguna industria cercana… o lejana, pues el agua encuentra su camino.

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Información en movimiento

Una buena ley, sumada a una alianza entre la sociedad organizada y gobiernos transparentes, parece ser la mejor vía para poner en movimiento la información pública. En el tema del agua esto resulta particularmente relevante porque implica que la enorme inversión de recursos públicos en obras de infraestructura hídrica llegue a su destino y cumpla con su función, que es lograr una gestión integrada y sustentable del agua. La información en manos de las personas es información en movimiento, que se usa, se contrasta con la realidad y de ese modo enriquece los datos que produce el gobierno.

Por ejemplo, en el caso del campesino de Huitzilzingo, ControlaTuGobierno mobilizó la información sobre la planta de tratamiento que se tiene previsto construir sobre su terreno, haciéndosela llegar y sentando así las bases para la participación de la comunidad en el proyecto.

No hay que olvidar que hablamos de personas y familias concretas, muchas veces vulnerables, y de un derecho humano reconocido a nivel nacional: el del acceso al agua potable y al saneamiento.

 

[1] “oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible y verificable”. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Artículo 61.

[2] Art. 2, fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

 

La Autora: Maylí Sepulveda

Maylí es coordinadora general de ControlaTuGobierno.Com, A.C., organización civil que ofrece servicios de capacitación, asesoría y acompañamiento a organizaciones civiles y servidores públicos en los temas de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, contraloría social, gestión de archivos y colaboración entre sociedad y gobierno. También es consultora de organizaciones internacionales para proyectos de rendición de cuentas y promoción del acceso a la información, entre ellas the Global Initiative for Fiscal Transparency (GIFT), American University, William & Flora Hewlett Foundation, the International Budget Partnership, el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Fue Directora de Vinculación con la Sociedad Organizada en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, y servidora pública en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Federal Electoral.