Hace referencia a la apertura y el acceso público a información, que posibilita que los ciudadanos comprendan los procesos de toma de decisiones que los afectan y conozcan los estándares que se espera que cumplan los funcionarios públicos.

Hace referencia a mecanismos por medio de los cuales las personas que ocupan un cargo público o que integran una institución pública deben responder por sus acciones en términos políticos, administrativos y financieros.

Hace referencia a la posibilidad de que cualquier persona afectada por una decisión puede comprenderla, e intervenir e influir en su adopción.